La Revolución belga de 1830 llevó al establecimiento de una Bélgica independiente, católica y neutral, bajo un gobierno provisional.
Desde la instalación de Leopoldo I como rey en 1831, Bélgica ha sido una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria.
Entre la independencia y la II Guerra Mundial, el sistema democrático evolucionó de una oligarquía caracterizada por dos partidos principales, los católicos y los liberales, a un sistema de sufragio universal que ha incluido un tercero, el Partido Laborista, y un papel fuerte para los sindicatos.
En sus orígenes, el francés, que era la lengua de la nobleza y la burguesía, era la lengua oficial. Desde entonces, el país ha desarrollado un sistema bilingüe en neerlandés y francés.
En la Conferencia de Berlín de 1885 se acordó en entregarle el Congo al Rey Leopoldo II como posesión privada, llamada Estado Libre del Congo. En 1908, se cedió a Bélgica como colonia, pasándose a llamar Congo Belga.
La neutralidad de Bélgica se quebrantó en 1914, cuando Alemania invadió Bélgica como parte del Plan Schlieffen.
Las antiguas colonias alemanas de Ruanda-Urundi —que ahora son Ruanda y Burundi— fueron ocupadas por el Congo Belga en 1916. La Liga de Naciones las transfirió a Bélgica en 1924.
Bélgica fue invadida de nuevo por Alemania en 1940, durante la Blitzkrieg.
Estuvo ocupada hasta el invierno de 1944-45, en que fue liberada por las tropas Aliadas.
El Congo Belga accedió a la independencia en 1960, durante la Crisis del Congo, mientras que Ruanda-Urundi se independizó en 1962.
Durante el siglo XX, y especialmente desde la II Guerra Mundial, la historia de Bélgica ha estado dominada cada vez más por la autonomía de sus dos comunidades principales.
Este periodo ha visto un aumento en las tensiones inter-comunales, y la unión del estado belga se ha puesto a examen.
Mediante reformas constitucionales en los años 70 y 80, la regionalización del estado unitario condujo al establecimiento de un sistema federal estructurado en tres niveles, a la creación de comunidades lingüísticas y de gobiernos regionales y a la ratificación de un acuerdo concebido para minimizar las tensiones lingüísticas.
Hoy en día, estas entidades federadas sostienen más poder legislativo que el parlamento bicameral nacional, mientras que el gobierno nacional aún controla casi toda la recaudación de impuestos, cerca del 80% de las finanzas de los gobiernos comunitarios y regionales, y el 100% de la seguridad social.